La Red Española del Pacto Mundial celebra, junto con la AECID un taller formativo muy específico sobre el mecanismo de la consulta previa, con el que se pretende alcanzar los siguientes objetivos:

  • Fomentar la expansión territorial responsable, bajo el paraguas del respeto a los derechos humanos.
  • Dar a conocer el derecho a la consulta previa en América Latina (estándares, indicadores y jurisprudencia) y su conexión con el marco de la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos.
  • Aportar a las empresas experiencias prácticas que les ayuden a definir sus estrategias de diálogo con comunidades indígenas y afrodescendientes.

Se trata de un taller abierto, destinado a empresas.

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El marco de John Ruggie recomienda a las empresas realizar tres procesos para respetar los derechos humanos:

1) Crear una política de compromiso,

2) Realizar un proceso de debida diligencia,

3) Establecer un mecanismo de reclamación a nivel operacional.

¿Qué implica el derecho a la consulta previa?

El derecho a la consulta previa, libre e informada requiere que los pueblos indígenas sean consultados por sus Estados ante la realización de cualquier actividad o la adopción de cualquier medida que pueda afectar directa o indirectamente a sus comunidades. En algunos casos establecidos por las normas y por la jurisprudencia internacional el proceso de consulta requiere que se obtenga el consentimiento de las comunidades que van a verse afectadas por una actividad o medida legislativa.

Como han afirmado diversas instancias internacionales, el procedimiento de consulta debe ser un instrumento para el diálogo y la participación permanente de los pueblos indígenas en la construcción de los Estados  democráticos y de derecho, ofreciendo garantías a la inversión y al respeto a sus derechos.

El procedimiento de consulta debe ser visto como instrumento que facilita la construcción de relaciones a partir de la buena fe y la generación de confianza entre las comunidades indígenas, el Estado y el resto de actores, recayendo la responsabilidad última de su cumplimiento en los gobiernos.

El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y organizaciones tribales inicialmente se reconoció en el Convenio Nº 169 de la OIT de 1989, ratificado por 14 Estados latinoamericanos y por España en el año 2007. Posteriormente se incorporó a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007. En el marco de la Declaración,  el derecho a la consulta previa, libre e informada se fortaleció convirtiéndose en un derecho/ garantía fundamental para los pueblos indígenas. Permitió desarrollar con más claridad los elementos que complementan el derecho al consentimiento previo, libre e informado.

Este derecho ha sido también reconocido ampliamente en la jurisprudencia de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tiene rango constitucional en muchos de los países de América en donde se ha incorporado a las Constituciones Políticas. En otros países se ha reconocido a través de legislación secundaria, como el caso de Perú, que cuenta con una ley y reglamento específicos sobre consulta previa, libre e informada.

América Latina es la región en que el derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas ha tenido mayor desarrollo jurídico y político como consecuencia de diversos factores:

  • La población indígena en la región equivale a más del 10% del total de la población. Según las estadísticas de PNUD-CEPAL alcanza los 45 millones de personas.
  • Se ha producido un proceso importante de reconocimiento político/jurídico de los pueblos indígenas y se impulsan modelos de organización plurinacionales o pluriculturales en los Estados y muchos de los proyectos de desarrollo empresarial que se quieren implementar en los territorios indígenas.

Como consecuencia de todo este desarrollo jurídico y jurisprudencial, nos encontramos ante un derecho fuertemente consolidado cuya vulneración condiciona seriamente la ejecución de proyectos de inversión en territorios indígenas. Además genera obligaciones en países como España que sin tener población indígena en su territorio han ratificado el Convenio Nº 169 de la OIT.

De ahí que sea de vital importancia que las empresas que se embarquen en negocios en la región lleven a cabo procesos inclusivos y de diálogo, que encajen en los estándares internacionales del derecho a la consulta previa, libre e informada, con los pueblos indígenas para respetar sus derechos básicos.

Las empresas con negocio en América Latina deben así contar con la participación de las poblaciones indígenas en todos los procesos que les afecten directamente, especialmente en los posibles casos de reparación de daños causados. Muchas empresas españolas son ejemplos de buenas prácticas en la materia. No obstante, aún queda mucho camino por recorrer para garantizar el cumplimiento del derecho a la consulta previa. Este taller pretende explicar el procedimiento de la consulta previa conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, mostrando casos concretos de cumplimiento e indicadores para facilitar los procesos de diálogo, reducir la conflictividad social y garantizar las inversiones.