Cuando leímos la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible la verdad es que no veíamos la manera en que Ricardo Luz y Asociados pudiera contribuir a su consecución. Una vez fuimos profundizando nos dimos cuenta de que, a pesar de nuestro tamaño, sí podíamos contribuir al desarrollo de los objetivos.

Según el ODS podemos contribuir de una manera más o menos intensa, pero uno de ellos entra bastante directamente dentro de nuestra actividad, hablo del objetivo 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”. No es que podamos luchar en profundidad en todos sus puntos pero sí que podemos en alguno de ellos:

  • combatir la corrupción y el soborno.
  • entidades transparentes.
  • acceso público a la información.
  • prevención del terrorismo.
  • aplicar leyes y políticas no discriminatorias.

Nuestra actividad tiene 2 vertientes, por un lado el trato con las administraciones públicas y por otro el trato con nuestros clientes.

Al ser colaboradores de las AAPP contribuimos a la transparencia y eficacia de las instituciones y al acceso  público a la información.  El ser colaborador implica el cumplimiento de las exigencias de la normativa  por parte de nuestros clientes, somos intermediarios entre el ciudadano y la administración y necesariamente debemos hacer cumplir las leyes y procedimientos establecidos,  y también  implica la necesidad de transparencia por parte de las administraciones públicas al estar garantizado el acceso público a la información y así garantizar los derechos de nuestros representados.

El asesoramiento a nuestros clientes en el desarrollo de sus actividades profesionales y/o empresariales implica necesariamente el cumplimiento de la normativa vigente, el respeto a los derechos laborales, a la diversidad y otros.

Adicionalmente, con la aprobación de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capital y la financiación del terrorismo y del Real decreto 304/2014 por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo, nos convertimos en sujetos obligados de la mencionada Ley. ¿Qué implica el ser sujetos obligados? Resumiendo las obligaciones,  implica que:

Debemos recabar información de nuestros clientes a fin de conocer la naturaleza de su actividad, comprobar las actividades declaradas, realizar un seguimiento de sus operaciones para comprobar que se corresponden con su actividad, realizar periódicamente procesos de revisión y si, durante el establecimiento o en el curso de una relación de negocios o de la ejecución de operaciones surgieran indicios o certeza de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, debemos realizar un examen especial de la situación concluido el cual, si se ha determinado la concurrencia de indicios o certeza de relación con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, se efectuará sin dilación la comunicación por indicio al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capital.

Todo ello nos ha obligado a la aprobación de una política interna de Prevención del Blanqueo, política de admisión de clientes, política de selección de personal, política de seguimiento de operaciones, protocolo de conservación de documentos y política de formación del personal de la empresa.

Si sumamos las obligaciones que nos impone la legislación, los valores éticos aprobados en la empresa (honestidad, respeto, confianza, profesionalidad, confidencialidad e igualdad) y nuestro compromiso con el Pacto Mundial, tanto porque nosotros estamos obligados a cumplir las leyes como porque debemos esmerarnos en que nuestros clientes las cumplan, cooperamos en el desarrollo del objetivo.

Ricardo Luz. Administrador en Ricardo Luz y Asociados