Hace algunos años, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas elaboró un documento de sugerencia para que los participantes del Pacto considerasen tres elementos al luchar contra la corrupción y al implementar el 10mo principio de anti-corrupción que forma parte de los 10 principios del Pacto Mundial. Estos tres elementos son la acción interna, la acción externa y la acción colectiva.

A su vez, Transparencia Internacional desarrolló un Proceso de Implementación, como medida de acción interna, basándose en los principios empresariales para oponerse al soborno. El proceso de implementación se desarrolla en seis pasos:

  • Decisión de imple­mentar una políti­ca anti-soborno
  • Planeamiento para su Implementación
  • Desarrollar un Programa anti-soborno
  • Implementar Programa
  • Control
  • Evaluar el rendimiento

Este proceso puede modificarse según el tamaño de la empresa que lo implementa y de su capacidad para completar los pasos dentro del marco de tiempo sugerido.

Estos estamentos llevan a cabo, en muchas ocasiones, una labor pedagógica para entender y diferenciar los casos de corrupción y poner en conocimiento de las empresas de mecanismos y herramientas para combatirla.

Sin embargo, y aunque según estas fuentes el contexto de corrupción ha cambiado y se han reducido o minimizado los casos de corrupción en las empresas, lo cierto es que no ha desaparecido sino que, en los últimos años, parece haberse hecho más notorio o mayor eco. Tal vez, posiblemente el mero hecho de la divulgación ha provocado este contexto sonoro de los casos actuales de corrupción al ponerlos de manifiesto y ser capaces de ponerles nombres y caras a actitudes que antes pasaban por considerarse simplemente posiciones privilegiadas de poder.

Sin embargo, para poder entender si la labor de implementación de medidas es congruente con la medida de las empresas actuales, conviene conocer primero el perfil de empresa que tiene acción directa en el desarrollo económico y laboral.

Según datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS) sobre las empresas inscritas en la seguridad social en 2016 en España, observamos que hay un total de 2.829.628 empresas de las cuales 2.825.575 son PYMES o autónomos y 2.661.420 son empresas de menos de 10 empleados o autónomos.

En cuanto a personas empleadas se dispone de un total de  9.788.162 personas empleadas por PYMES o autónomos y 4.872.709 empleados por empresas de menos de 10 empleados o autónomos respecto a los 14.489.468 empleados inscritos.

Esta relación parece indicar que hay un enorme número de empresas, un 94 %, con una capacidad de producción baja pero que cuenta con casi un 65 % de las personas empleadas. Esto quiere decir que más de la mitad de los empleados se encuentran relacionados con estructuras empresariales que disponen de pocos o ningún recurso libre para informar, gestionar o, simplemente, fiscalizar sus trabajos bajo un proceso de gestión de transparencia asimilable al propuesto por los estamentos antes descritos.

Es evidente que estas pequeñas estructuras contarán con sus efectivos orientados, de manera habitual y de su implicación diaria hacia los objetivos de producción necesarios para el mantenimiento y estabilidad económica y financiera de la empresa de la que forman parte.

El 6 % de las empresas restantes, que cuentan con aproximadamente el 35 % de los empleados inscritos en la seguridad social, si podrían disponer de estructuras para disponer de personal implicado en la gestión de la transparencia.

Resulta obvio pensar que el grueso de empresas debería disponer de asesores externos y apoyo de las entidades para llevar a cabo estas acciones o, de lo contrario, difícilmente podrán hacer frente de una manera eficaz, en la mayoría de los casos, a la difusión de valores y a la integración de los objetivos de transparencia.

Las grandes empresas, por el contrario, deberían de disponer de agentes externos independientes que puedan garantizar la adecuada implantación interna de los procesos de transparencia para evitar la propia corrupción el proceso anti-corrupción.

Sin embargo, como científico no puedo evitar plantearme la corrupción desde otro punto de vista muy diferente. Mi planteamiento se centra en qué pasa en la mente de las personas cuando se da un caso de corrupción.

Empecemos definiendo la palabra corrupción

Antes de abordar el término desde una perspectiva científica empiezo por tratar de obtener una definición clara.

“Acción y efecto de corromper o corromperse. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. Así la define la Real Academia de la Lengua Española. A su vez, define corromper como “Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera”.

Según el manual de Buenas prácticas en la lucha contra la corrupción de ESADE, “aunque no existe una definición universal, sí que podemos exponer dos maneras de entender la corrupción:  una más general, comprendida como el abuso de una posición de confianza para la obtención de un beneficio deshonesto;  y otra más concreta, como la acción y efecto de dar o recibir algo de valor para que alguien haga (o deje de hacer) algo, con la que se burla una regla formal o implícita acerca de lo que se debe hacer, en beneficio del que da ese algo de valor o de un tercero”.

Transparencia Internacional la define como “el abuso del poder encomendado para uso privado”.

Finalmente, la definición que podemos encontrar como una de las más extendidas según google es “Pervertir o hacer que una persona o una cosa sea moralmente mala”.

Ante estas definiciones encuentro una serie de aspectos definitorios: la búsqueda del beneficio propio, un comportamiento inmoral, el incumplimiento de una regla. Podríamos listar otras cuantas.

La corrupción según la ciencia

Llegado este punto me intereso por conocer qué dice la ciencia sobre este tema.

Según un estudio de Frontiers in Behavioral Neuroscience llevado a cabo se concluye que las personas son menos corruptas cuando saben que pueden ser observadas. Si no hay sanción social, se pierde el mecanismo de premios y castigos y se naturaliza el delito.

Otros estudios apuntan a que aquellas personas honestas que deciden rechazar un soborno actuando contra sus propios intereses económicos muestran una excitación fisiológica mayor que los que deciden aceptar el soborno. Pero no es la violación o el cumplimiento de una norma lo que desencadena la actividad emocional, sino la decisión real de actuar contra el propio interés monetario el que provoca estrés.

La neurociencia nos rebela que parece ser que una pequeña región del cerebro, llamada circunvolución frontal inferior izquierda, se activa en mayor medida cuando realizamos una acción corrupta. Por otro lado la corteza dorsolateral prefrontal parece ser el área responsable de controlar nuestros impulsos más automáticos de represión y honestidad.

Finalmente, un estudio encontró una relación entre los altos niveles de testosterona y la falta de empatía y acciones egoístas, aunque no se puede afirmar que tener altos niveles de testosterona provoque que las personas se corrompan. Para que esto ocurra se necesitan otros factores, como poder, dinero y oportunidad.

Psicología de la corrupción

Si partimos de los estudios de la psicología cognitiva, podemos relacionar la corrupción con la denominada disonancia cognitiva, que surge de la investigación que trata de comprender qué hacen las personas cuando se enfrentan a una información que crea estados psicológicos conflictivos.

Según diversos estudios, las personas experimentan disonancia cognitiva cuando su conducta entra en contradicción con sus convicciones éticas, o cuando están tratando de conciliar pensamientos que son incompatibles.

Las personas en conflicto de intereses pueden llegar a crear mecanismos de conclusión y confirmación distorsionados con el objetivo de obtener pruebas que apoyen su teoría de acción correcta, creándose lo que se denominan “sesgos confirmatorios”. En consecuencia, las personas que tienen un conflicto de intereses financieros o están bajo la influencia económica de un grupo externo a menudo pueden no ser conscientes de que el conflicto pueda comprometer su conducta.

Es por ello que, cuando las personas en conflicto no son conscientes de ello, no resulta probable que la divulgación propia de las campañas de transparencia y de lucha anticorrupción puedan modificar su comportamiento, principalmente porque no se ven afectadas por este hecho.

El perfil de la corrupción controlada

Un corrupto puede ser considerado una persona que realiza un proceso premeditado, razonado y calculado de costes y beneficios. Desde una perspectiva psicopatológica, son individuos conscientes de sus actos que ignoran al resto y prescinden de los valores éticos, morales y cívicos que garantizan la equidad en la convivencia. Transgreden, de manera intencionada, las normas movidos por la ambición y por su obsesiva identificación del éxito con el dinero así como por su necesidad de un reconocimiento social con el objetivo de satisfacer a su ego.

Sólo respetan la ley por el miedo a las sanciones. Si el beneficio obtenido es mayor que el potencial coste de ser descubierto, pueden llevar a cabo la acción corrupta.

Se sienten inmunes e invulnerables. Creen que no serán descubiertos ni juzgados por sus actos y descartan las consecuencias negativas de sus actuaciones, lo que les incentiva a ser temerarios y a jactarse de sus actividades ilícitas.

Sin embargo, no todo el mundo que tiene la oportunidad de infringir la ley en beneficio propio lo hace.

Conclusiones aplicables a las empresas

Como el lector ha podido ver, si no hay miedo a ser sancionado, el ser humano tiende a naturalizar el delito y la corrupción se vuelve una dinámica que incita a su propio sostenimiento.

Pero, siendo aún más crítico, podemos entrar un debate crítico acerca del concepto de plan de transparencia y de su desarrollo por personas que puedan estar involucrados, previamente, en actos corruptivos (recordemos que si hablamos de empresas pequeñas, éstas pueden estar formadas incluso por un único autónomo empleado).

Partiendo del concepto de disonancia cognitiva, resulta evidente pensar que las personas que cometen actos de corrupción sin ser capaces de darse cuenta de ello, de nada les servirá un procedimiento informativo, auto evaluativo o de control de la acción empresarial, en el caso de ser el controlador o generador de los conceptos a definir en el plan de transparencia. Esto se debe a que serán incapaces de identificar acciones erróneas en su actuación empresarial y, por tanto, no podrán definir riesgo, límites y/o acciones correctoras.

En cuanto al perfil de personas corruptas con conocimiento de sus actos, en este caso nos encontramos con personas inmorales y, por tanto, definirán el plan de transparencia con los flecos y condicionantes suficientes para no poner de manifiesto comportamiento inadecuado.

Ante esto hay dos caminos, uno a corto plazo, relacionado con la creación de leyes anti-corrupción, auditadas de manera externa, y una incentivación de las acciones honorables, y uno a largo plazo, centrado en la generación y promoción de valores empresariales a través de la formación y educación.

Una sociedad con libertad de elección, con capacidad de competencia por valor y con confianza en las tomas de decisión es una sociedad más feliz y equilibrada.

Así pues, según mi criterio, actualmente es necesario la cooperación entre la empresa privada y agentes externos no vinculados a estas para poder asegurar, en la mayor medida de lo posible, el establecimiento de criterios de transparencia en lugar de caer en el error de auto implantar medidas más propias del fortalecimiento de la imagen pública de la empresa que del aseguramiento real de las políticas anti-corrupción.

Es bueno y necesario disponer de criterios y medidas de actuación, pero el riesgo de una adecuada interpretación es muy elevado y dependiente de los sesgos cognitivos de las personas o personas que hayan desarrollado la guía de criterios de transparencia de la empresa. En este caso, si hablamos de pequeñas empresas, siendo el caso más abundante en España, las estructuras son tan reducidas que es muy probable que se trate de una o dos personas máximo.

Esto, evidentemente, es aplicable a los estamentos públicos, incluida la política, que hacen uso del concepto de transparencia como herramienta comercial pero que carecen del rigor suficiente para garantizarla.

Estudio extendido

Contacto

Sergio Colado García

CEO Nechi Group y Presidente de la Asociación de Analistas Expertos en Comportamiento No Verbal (ACoNVe)