Los llamados whistleblowers o denunciantes de información, otrora una figura casi desconocida en el panorama español, comienza a emerger con fuerza tras vérseles involucrados en algunos de los casos de corrupción de mayor relevancia a nivel nacional.

Poco o nada se sabía de esta figura novedosa, hasta que se empezó a relacionar casos de corrupción con nombres propios: Ana Garrido con la trama Gürtel, y Francisco Valiente –entre otros- con el caso Acuamed. Ambos tienen en común el haber arriesgado su puesto laboral –y en definitiva su forma de vida- al poner en conocimiento de las autoridades la comisión de irregularidades en sus correspondientes ámbitos.

De sus respectivas revelaciones surgieron los procedimientos judiciales en curso que hoy todos conocemos, aunque ellos a día de hoy siguen sin trabajo y ven cómo, a causa de haber denunciado, sus vidas se han deteriorado por completo, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, legal y psicológico.

Resulta necesario articular cuanto antes medidas de protección para evitar el desamparo legal de los potenciales denunciantes. Nuestro ordenamiento jurídico no contempla stricto sensu la figura del whistleblower o denunciante, aunque sí se recogen algunas otras asimilables en parte a ésta, como por ejemplo la figura del arrepentido en el derecho penal. El código penal nos indica que esta figura podría aplicarse en los casos en que un imputado o investigado muestre su arrepentimiento colaborando con la justicia, recibiendo como incentivo la reducción o exención de su pena.

La figura del arrepentido se diferenciaría de la del whistleblower en la medida en que éste último denuncia el delito sin participación en el mismo, mientras que en el arrepentido existe una participación activa o pasiva en el ilícito.

A nivel regional, concretamente en Castilla la Mancha, existe también una iniciativa legislativa que se ha lanzado a regular de manera específica la figura del denunciante en el ámbito público. Esta primera experiencia, aunque válida por ser pionera, se queda corta tanto en materia como en objeto. Su relevancia reside en ser la primera norma en tratar el tema de las garantías para los denunciantes, aunque lo hace, bajo nuestra consideración, de forma irregular e insuficiente.

Entre lo positivo de dicha norma, encontramos la garantía de confidencialidad de la identidad del denunciante durante la tramitación del procedimiento y la prohibición de remoción del cargo del denunciante durante la sustanciación de las actuaciones. Por otro lado, consideramos negativo que no se haya designado un órgano independiente para tramitar las denuncias, que se imponga un régimen severo de sanciones ante la posibilidad de denunciar informaciones infundadas y que no se haya realizado un mayor esfuerzo por incluir la cobertura de los costes de la defensa jurídica del denunciante.

Por último, en el ámbito privado y desde hace relativamente poco, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, introduce la necesidad de implantar canales de denuncia de incumplimientos internos o de actividades ilícitas dentro de la empresa.

La Circular, que interpreta la reforma del Código Penal en lo relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, considera los canales de denuncia como uno de los elementos clave de los modelos de prevención, precisando que los mismos deben permitir a los empleados informar de incumplimientos o irregularidades de manera confidencial, garantizándose a su vez de que no sufran represalias por denunciar.

En consecuencia, de la legislación antes comentada, podemos extraer la conclusión de que es necesario regular incentivos que favorezcan la denuncia o, en su defecto, garantías que aseguren el amparo del denunciante ante una situación de denuncia de un ilícito en el ámbito penal o una irregularidad en el ámbito administrativo.

Estas normas, a pesar de suponer avances relevantes en la materia, se muestran ineficaces ante la proliferación de los nuevos escenarios de corrupción. De ahí que se considere necesaria la aparición de nuevos instrumentos jurídicos que protejan eficazmente del desamparo a las personas que velan por la integridad tanto en el ámbito público como en el privado.

Transparencia Internacional España, desde hace tiempo apela al diálogo y al acuerdo entre todas las fuerzas parlamentarias con la intención de que se considere la protección de denunciantes de corrupción como una materia prioritaria a ser legislada en el ámbito estatal.

Daniel Amoedo Barreiro, abogado y consultor especializado en Derechos Humanos, Transparencia y Protección de datos personales.