El punto de partida de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español es la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal. Con esta reforma se rompe con el clásico axioma del Derecho Penal: “Societas delinquire non potest”.

En este primer paso legislativo, el legislador introduce los supuestos de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas, que podemos resumir en dos: cuando el delito es cometido en el ámbito de actuación de la empresa y en beneficio de la misma por uno de sus dirigentes (administrador, director, gerente, representante…), y en segundo lugar, cuando con los mismos condicionantes, el delito es cometido por algún empleado por no haberse ejercido sobre su actividad o trabajo el debido control. Se contemplan también en la reforma del Código Penal unas circunstancias modificativas concretas y unas penas. En cuanto a las penas, la principal será la multa, pero existirán otras accesorias como la intervención de la empresa, la suspensión temporal de su actividad, el cierre de establecimientos o incluso la disolución.

A esta primera reforma del Código Penal le ha seguido, en la materia que nos ocupa, la operada por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que ha ahondado más en la regulación de esta responsabilidad penal, concretando los requisitos que las organizaciones deben cumplir para verse exoneradas de responsabilidad penal en el eventual supuesto de tramitarse un procedimiento penal por un hecho delictivo en el seno de la organización. Así, las empresas que hayan implantado en su seno un modelo de prevención que cumpla con los requisitos legales (instauración del modelo, constitución de un órgano responsable de su implantación y cumplimiento, que la actuación de la persona física autora material del delito lo sea por haber actuado en fraude de los controles establecidos…), con antelación a la comisión del delito imputado, podrán ser exoneradas de responsabilidad penal.

Los modelos de prevención, según exigencias legales, deberán tener, como contenido mínimo: un mapa de riesgos (con identificación de actividades concretas y delitos concretos a prevenir), un conjunto de protocolos y procedimientos de actuación (debidamente aprobados y publicados, que regulen los mecanismos de formación de la voluntad y actuación en el seno de la empresa, sobre todo en el ámbito financiero), la instauración de un canal de denuncias efectivo (confidencial y dirigido al órgano responsable del control del sistema), un sistema disciplinario adecuado y una verificación periódica del sistema.

La labor de Unión de Mutuas en este campo, que no es más que una pieza o capítulo en el continuo modelo de mejora continua seguido en nuestra organización, empezó mucho antes, con la confección del Código Ético, la instauración en la organización del modelo de gestión EFQM en el año 2001, así como la elaboración y aprobación del Código de Conducta. Dentro del camino abierto de la excelencia y transparencia en la gestión empresarial, la elaboración e implantación en Unión de Mutuas de un sistema de gestión de riesgos penales que pretende prevenir y evitar la comisión de delitos en el ámbito de la organización empresarial es un paso más en la labor de responsabilidad social corporativa y buenas prácticas empresariales.

En este sentido, el modelo de gestión de riesgos para la prevención de delitos ideado por AENOR, entidad certificadora de reconocido prestigio, ha sido la guía óptima para la consecución del resultado deseado. Y con ello, Unión de Mutuas ha obtenido el reconocimiento y certificación externos por una entidad plenamente objetiva e independiente, del trabajo realizado.

Anticipándose a la reforma penal que entraba en vigor el 1 de julio del presente año, Unión de Mutuas ha instaurado un sistema de prevención de delitos que integra documentos tan importantes como el Manual de prevención de delitos, el Mapa de riesgos, el procedimiento P700 Gestión de riesgos para la prevención de delitos, el canal de denuncias, los Códigos ético y de conducta…

Partiendo de un estudio pormenorizado de los distintos procesos que integran la actividad y objeto de Unión de Mutuas, se ha desgranado un mapa de riesgos que identifica los riesgos penales existentes en las distintas áreas de actuación, que evalúa su impacto y probabilidad y adopta y regula los controles y barreras que evitan la actividad ilícita; todo ello con un sistema de seguimiento y auditoría que permita tener actualizado el sistema y reaccionar frente a cualquier incidencia detectada.

La certificación de AENOR al respecto, así como su renovación anual, tras llevarse a cabo intensas auditorías al respecto, llena de satisfacción a Unión de Mutuas por la labor realizada en este ámbito, pretendiendo con ello no solo evitar o minimizar riesgos internos, sino trasladar al entramado empresarial la necesidad de adoptar medidas drásticas y efectivas en la evitación de conductas ilícitas en la actividad económica y empresarial.

Tras el largo camino andado, se destaca con orgullo el enorme compromiso e implicación de toda la plantilla de Unión de Mutuas en la efectiva implantación y cumplimiento de las extensas medidas, controles y acciones que se han llevado a cabo, haciendo con ello posible que la gestión y mantenimiento continuo del plan de prevención implantado sea una realidad.

Pedro L. Agut Berbís

Abogado y técnico de sistemas de gestión

Gestión Jurídica

Unión de Mutuas