No estamos entre los primeros. Eso es malo. Hemos perdido tiempo, otros países nos llevan la delantera. Pero puede ser bueno si aprendemos en cabeza ajena y hacemos una ley que «se suba a hombros» de las que la precedieron.

La construcción de una economía baja en carbono exige edificar un nuevo modelo de producción y de consumo. Nos tiene que servir para cumplir el Acuerdo de París y para ir más allá. Solo cumpliendo el Acuerdo de París no basta. Necesitamos asumir objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos, en línea con lo que nos dicen las ciencias del clima. Debemos hacer, en España y en el mundo, de forma proporcional a nuestra responsabilidad en la generación del problema del cambio climático, una autentica revolución. Y eso implica cambiar leyes, tecnologías y valores. Además, lo tenemos que hacer muy rápido, porque el clima se nos está desmoronando por momentos.

Necesitamos una ley: 

Que señale con claridad la urgencia de actuar. El texto debe elaborarse con rapidez y las políticas que se aprueben deben juzgarse por su potencial para aplicarse con urgencia.

Ambiciosa, que asuma la agenda global del clima y que nos sitúe en la vanguardia de los países. Si es así, nuestras empresas capitalizarán esa posición de liderazgo y nuestra economía y nuestro empleo se verán beneficiados. La posición negacionista de la administración Trump posibilita que Europa lidere la transición hacía una economía baja en carbono en el mundo.

Con metas concretas y con una «épica país». No tenemos tiempo que perder. El texto debe fijar las metas principales de la ley y situarlas en el tiempo, a corto, medio y largo plazo. ¿Qué reducción queremos conseguir y en qué tiempo? ¿Qué objetivos de adaptación para lograr ser un país más resiliente a las incertidumbres del cambio climático? Algunos «cómos» pueden dejarse para los reglamentos. Pero lo que es inexcusable es que la ley fije las metas últimas que queremos alcanzar.

Que oriente el conjunto de las políticas públicas del Gobierno. Debe ser un texto de todo el Gobierno, de todos los ministerios, cortando con la situación frecuente en que lo que se gestiona en un ministerio es contradictorio con lo que realiza otro. La coherencia de políticas dentro del Gobierno central es fundamental. Hacienda debe grabar los combustibles fósiles, Industria debe incentivar el coche eléctrico y, desde Fomento, se debe promover la generalización de las instalaciones de recarga eléctrica.

Que oriente el conjunto de las políticas de los distintos niveles de las Administraciones Públicas. Una gran parte de la gestión se planifica y realiza en el ámbito de las Administraciones Públicas subnacionales. La ley debe armonizar el funcionamiento complementario de estos niveles de la AA. PP., fijar responsabilidades concretas para cada nivel administrativo e, incluso, discriminar positivamente a las AA. PP. que las cumplan con mayor rigor.

Que lance señales positivas y negativas sobre el futuro próximo para que los actores sociales y económicos sepan a qué atenerse y orienten sus decisiones de acuerdo con el futuro dibujado en la nueva Ley de Cambio Climático. La ley debe decir con claridad lo que se va a prohibir y lo que se va a primar.

Que fije incentivos económicos a favor del clima. La fiscalidad ambiental tiene que crecer mucho más, en línea con lo que se está haciendo en otros países. Es necesario que de los bienes y servicios con más huella climática se obtenga la financiación para realizar la transición energética. Los productos financieros que promueven la transición energética deben contar con ventajas fiscales.

Que despliegue el conjunto de palancas del cambio que tiene el Gobierno: ejemplaridad pública, compras públicas, normativas, sanciones, estímulos…

Que se focalice en aquellas actuaciones que posibiliten una reducción de emisiones más masiva y más rápida. Por ejemplo, la sustitución de los gases refrigerantes actuales.

Que estimule el cambio de valores que implica pasar de una economía centrada en el Yo a una economía centrada en el Nosotros, fomentando la implicación en ese cambio cultural de los medios de comunicación, el sistema educativo, las entidades no lucrativas y el conjunto de la economía creativa.

Que afronte el enorme esfuerzo de adaptación que hay que acometer. Por ejemplo, en las costas o en la agricultura.

Sin embargo, hay un tema central que transciende el texto de la ley. Lo que cambia el mundo no son las palabras que, una detrás de otra, componen una ley. Lo que cambia el mundo es la voluntad y las acciones que los seres humanos realizamos para cumplirla. Por eso, es fundamental que el proceso de elaboración de la ley fomente la implicación de los sectores sociales, económicos e institucionales claves para que las metas que la ley persigue se logren. El cómo, como en tantas ocasiones, predeterminará el impacto real de la norma. Debe ser una ley de toda la sociedad.

Por último, es fundamental realizar un seguimiento anual del grado de cumplimiento de la norma.

Víctor Viñuales, vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial y director ejecutivo de Ecodes

*Entrevista publicada en Ethic