Tras el proceso de consulta pública para la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que finalizó el pasado 10 de octubre, la Red Española de Pacto Mundial mantiene la siguiente posición:

  • Celebramos que los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) abriesen este proceso a la participación para que la elaboración de esta Ley cuente con la máxima involucración de todos los agentes y sectores de la sociedad, debido a su trascendencia para nuestro actual modelo de producción y de consumo.
  • Entendemos que esta ley será una herramienta fundamental para que España asuma su responsabilidad en el camino hacia la des carbonización de la economía para 2050. Debe ser una regulación transversal que involucre a todos los actores económicos, institucionales y sociales. El nuevo marco regulatorio debería asegurar la estabilidad y la competitividad de las empresas y establecer mecanismos que garanticen la transparencia, evaluación y grado de cumplimiento de los objetivos marcados.
    • En este sentido, desde la Red Española de Pacto Mundial consideramos que los principios rectores de un modelo energético para lograr una economía baja en carbono deben poner precio a las emisiones de carbono; abordar su objetivo desde una perspectiva integral, contemplando todos los sectores involucrados; mantener la neutralidad tecnológica, e incluir medidas de flexibilidad que faciliten cumplir con los objetivos marcados desde Europa.
  • En relación a los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que la futura Ley debería contemplar, estos deben ser cuantitativos, tanto generales como sectoriales y alcanzables para el año 2030.
  • La nueva Ley debe gestionar los riesgos y reducir la vulnerabilidad frente a los cambios actuales y futuros del clima en España. Para ello, debe definir con claridad los objetivos de los planes de adaptación, así como orientar la acción pública para incrementar el conocimiento de lugares y sectores con una mayor exposición, para desarrollar políticas preventivas adecuadas y establecer planes de actuación al respecto.
    • Las medidas regulatorias de fomento e incentivo deberán ir acompañadas de cambios culturales y de valores, que deberán concretarse en el fomento de una educación en materia medioambiental sólida y en la promoción de las innovaciones tecnológicas eficientes y sostenibles.
    • La Ley deberá fijar mecanismos que garanticen un seguimiento tanto institucional como social. De forma periódica, se deberá realizar un informe público del grado de cumplimiento.
  • Consideramos que la Administración debe desarrollar un papel ejemplarizante, a través de la fijación de objetivos explícitos de reducción de emisiones para las instituciones tanto nacionales como regionales. Para ello, debe promover políticas públicas con la dotación de medidas fiscales, financieras y presupuestarias necesarias. Los presupuestos públicos deben establecer no solo el techo de gasto económico, sino también el techo de gasto de carbono. Además, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 –que llama a la creación de una alianza mundial a favor de los ODS-, la ley deberá incentivar la colaboración público-privada.
  • Con la intención de llevar a cabo una transformación ordenada del actual modelo económico, desde la Red Española de Pacto Mundial proponemos que la Ley se complete con la adaptación de normas sectoriales, la inclusión de medidas específicas en los planes estratégicos de clústeres y asociaciones, el incentivo al desarrollo de proyectos de innovación y la introducción en los planes formativos de materias que persigan una concienciación efectiva en la lucha contra el cambio climático.