La mujer continúa enfrentándose a una discriminación basada en el género, con numerosas barreras económicas, sociales y legales que impiden y ralentizan la igualdad. En el sector privado, el deber de las empresas de respetar los derechos humanos es una visión aceptada y generalizada. Sin embargo, todavía quedan muchos esfuerzos que hacer en materia de igualdad de género y respeto por las mujeres. Para ello, las empresas deben aplicar la perspectiva de género en las políticas corporativas de sostenibilidad y de derechos humanos.

Hasta ahora el sector privado ha avanzado mucho en la creación de políticas, estrategias de negocio basadas en la sostenibilidad, buenas prácticas, políticas culturales integradoras, etc. Pero al no aplicar una perspectiva de género, se han perpetuado muchos impactos negativos en las mujeres. Hay numerosos indicadores que lo demuestran, desde la baja representatividad de éstas en los consejos de administración o excesiva masculinización de ciertos sectores, hasta dificultades para el acceso al trabajo, altos índices de acoso sexual, falta de líderes de referencia o diferencias salariales, entre muchos otros problemas. Esta situación es lo que se ha llamado feminización de la pobreza y favorece sin duda que los accesos a los mecanismos de reparación no se realicen de igual forma entre víctimas masculinas y femeninas.

En la implantación de los Principios Rectores el pilar de la reparación es el que presenta más dificultades y, dentro de ese acceso,

el colectivo de las mujeres es el más vulnerable a la hora de ser reparada por el impacto negativo de ciertas acciones empresariales.

El sector agrícola en los países en vías de desarrollo es un buen ejemplo de esta situación. Las mujeres representan el 70-80% de los agricultores a pequeña escala y son las principales proveedoras de cuidados, comida y agua a sus familias. Sin embargo, este trabajo es a menudo minusvalorado y no reconocido. Se trata responsabilidades fundamentales para la calidad de vida de sus comunidades. La necesidad de promover la igualdad de género es reconocida como fundamental para la resiliencia social y ambiental. Estos procesos desafían las normas tradicionales de género, ofreciendo nuevas oportunidades para promover el empoderamiento económico de las mujeres y los derechos humanos.

Un ejemplo de esta situación es el desigual acceso a las indemnizaciones cuando se expropian tierras para que una empresa pueda desarrollar su actividad económica. En una gran mayoría de ocasiones las mujeres no son reconocidas como propietarias de las tierras en las que viven, por lo que directamente no pueden acceder a las indemnizaciones. Se convierten pues en víctimas invisibles. Otro sector en el que se demuestras estas desigualdades es el sector extractivo. En países como Uganda se han registrado casos en los que, tras los procesos de expropiación de tierras para poder explotar un yacimiento de petróleo y gas, un alto porcentaje de hombres de pueblos expropiados han sido indemnizados, pero al poco tiempo han abandonado a sus familias llevándose con ellos las indemnizaciones recibidas.

Esto ha agravado enormemente la situación de las mujeres que pasan a estar desamparadas con sus hijos, sin tierras, sin acceso a las plantaciones de las que se alimentaban y sin ningún tipo de capacitación para adaptarse a su nueva situación vital. Este ejemplo pone en relieve cómo una desigualdad económica (el no reconocimiento de la propiedad de unas tierras) desemboca en una imposibilidad de accesos de reparación. La mujer no tiene poder a decidir el destino de las inversiones familiares y de su comunidad, no es reconocida legalmente como propietaria de sus tierras y por lo tanto no pueden negociar, lo que le impide recibir compensaciones.

Contemplar la dimensión de género en las reparaciones.

Los Principios Rectores dejan clara la necesidad de dialogar con las comunidades locales. Sin embargo, puesto que las mujeres no son consideradas representantes de las comunidades locales, sus problemas y necesidades no son escuchadas desde el primer momento. No hay que replantear los Principios Rectores, hay que reflexionar y revisar el poder de decisión de las mujeres en las sociedades alrededor del mundo. Para poder asegurar el acceso a mecanismos de reparación primero hay que asegurar el derecho a las mujeres a la propiedad privada.

Además, la desigualdad y la pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres alrededor del mundo. En la mayoría de ocasiones las mujeres trabajan en ambientes de trabajo más precarios con desigualdades agravadas, especialmente cuanto más lejos miramos en las cadenas de suministro. Estas desigualdades se multiplican cuando las mujeres son victimas de alguna violación de sus derechos y hay que materializar compensaciones económicas o el simple acceso a un proceso jurídico justo. Sin mujeres que lideren esos procesos de reparación a las víctimas será más complicado que se materialicen. El liderazgo femenino es imprescindible para asegurar el respeto a los derechos humanos de las mujeres.

Las mujeres no son un grupo homogéneo y no es inherentemente un grupo vulnerable, sino que tienes necesidades y realidades muy diferentes. Puesto que no representan un grupo homogéneo, las desigualdades y violaciones que sufren de sus derechos no son tampoco homogéneos. En cada zona geográfica y cada sector económico las desigualdades de género son diferentes. Por esta razón, en el sector privado es imprescindible aplicar una perspectiva de género en todas las políticas corporativas, contratos con terceros, planes de formación y sensibilización, políticas de acceso a puestos de dirección y políticas de conciliación.

Por otro lado, los gobiernos tienen un importante papel, especialmente a la hora de desarrollar los planes nacionales de empresas y derechos humanos teniendo siempre una perspectiva de género, ya que se trata de instrumentos gubernamentales especialmente potentes a la hora de incentivar el sector privado. Igualmente, los organismos internacionales como Naciones Unidas, las organizaciones del tercer sector y la sociedad civil deben incorporar desde ya esa visión de género en todos y cada una de sus acciones, iniciativas y proyectos. Este trabajo conjunto de la sociedad, en su sentido más amplio, servirá de palanca para que la igualdad de género sea una realidad en un futuro al más corto plazo posible.

Otra de las lacras en la igualdad de género desde la perspectiva de acceso a mecanismos de reparación, es el acoso sexual. Se han silenciado constantemente los abusos sexuales a mujeres en ciertos sectores y ciertos países y se ha negado la existencia del problema. Un análisis con perspectiva de género en la gestión de la cadena de suministro demostró el abuso sexual sistemático en las cadenas de producción del sector de la floricultura en Kenia.

Estos abusos ejercidos por los supervisores sobre gran parte de la mano de obra femenina, que suponía un el 75% del total, no pudieron ser descubiertos por las auditorías sociales. Sin embargo, sí salieron a la luz a través de comités de género, formado y dirigido por mujeres en las que las mujeres acosadas se sintieron arropadas para denunciar. Esto provocó una cascada de acciones de denuncia, corrección y reparación efectiva que continuó en el tiempo con programas de formación a la plantilla para aprender a detectar y usar los mecanismos adecuados de denuncia para proteger a las víctimas. A esto le acompañó la decisión de la empresa de formalizar los contratos de las trabajadoras con contratos indefinidos que garantizaron una cobertura a otros mecanismos de denuncia y reparación.

De esta forma, la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y derechos humanos deben ser abordados como la base sobre la que construyamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los Objetivos 5 y 8. Los Principios Rectores aportan una visión crítica que ayudará a garantizar que los mecanismos de reclamación sirvan a la consecución de los ODS empoderando económica, social y políticamente a las mujeres.

 

Cristina Sánchez

Directora de Innovación y proyectos

Red Española del Pacto Mundial.

 

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