Los últimos 20 años han sido testigos de reiterados compromisos internacionales de lucha contra el hambre, formulados y rubricados en foros tan relevantes como la I, II y III Cumbres Mundiales de la Alimentación o la Asamblea del Milenio de Naciones Unidas. Todos esos compromisos han sido incumplidos y la realidad es que, en estos primeros lustros del siglo XXI, a pesar de que se producen suficientes alimentos para satisfacer las necesidades alimentarias de toda la población mundial, sigue habiendo más de 800 millones de seres humanos que viven en situación de hambre, otros 2.000 millones que sufren hambre oculta (carencia de vitaminas y minerales esenciales) y casi otros tantos que padecen malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad). La Agenda de los ODS retoma, amplia y relanza estos compromisos en el planteamiento del ODS 2, que apunta a la total erradicación del hambre y de todas las formas de malnutrición.

El hambre es quizás una de las mayores situaciones de violación de los derechos humanos de nuestro tiempo porque, desde hace casi 70 años, la alimentación adecuada está internacionalmente reconocida como derecho humano. Así lo consagró la Declaración Universal de Derechos Humanos primero y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) después. Puesto que España es uno de los Estados parte del PIDESC, tiene las obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación de su ciudadanía, para lo cual tiene que adoptar medidas adecuadas, de forma progresiva, hasta el máximo de sus posibilidades; y también tiene el deber de cooperar internacionalmente con aquellos países que tienen más problemas para garantizar la alimentación de su población.

Los Estados tienen estas obligaciones respecto al derecho a la alimentación, pero, de acuerdo al preámbulo de la Declaración Universal y a sus artículos 1, 28 y 29, todas las personas y las instituciones (incluyendo organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, empresas, etc.) tenemos también una responsabilidad en la realización de este derecho. Especialmente aquellas organizaciones y empresas que tenemos actividad en el ámbito agroalimentario tenemos la responsabilidad de contribuir a generar un entorno propicio para la realización del derecho a la alimentación y del derecho a estar protegidos contra el hambre, y evitar que nuestras prácticas puedan dificultarlo.

Mientras una parte de la población mundial tenemos la oportunidad de disfrutar una alimentación adecuada, balanceada, saludable, con gran diversidad para elegir e incluso con la ayuda de nutricionistas que nos aconsejen sobre la mejor forma de alimentarnos, muchas otras personas comen lo que pueden, sin los recursos necesarios para detenerse a pensar si esa alimentación es la más adecuada para ellas. Las necesidades alimentarias son casi iguales, el derecho a la alimentación es el mismo, pero las dietas expresan y perpetúan la desigualdad.

Entender la alimentación como un derecho humano nos debe comprometer a trabajar con decisión para que sea garantizado para todo el mundo, sin distinción, identificando qué puede aportar responsablemente cada una de nuestras organizaciones.

José María Medina Rey. Director de Prosalus