Garantizar el respeto a los derechos humanos significa ni más ni menos que intentar poner una solución a los problemas que existen en la sociedad; la pobreza, la desigualdad, la discriminación por motivo de género, raza u orientación sexual, la falta de atención sanitaria o las restricciones a la libertad de expresión son solo algunos de los problemas que los derechos humanos intentan combatir.

Las empresas, como cualquier otro actor en la sociedad, pueden colaborar para buscar soluciones a estos problemas o por el contrario, contribuir a que estos se agraven y vayan a más. Actualmente, de las 100 principales economías del mundo, 31 son países y 69 corresponden a empresas, por lo que la influencia de las grandes corporaciones sobre el respeto a los derechos humanos en el mundo está fuera de toda duda; de nada servirá asegurar el respeto de los estados a los derechos humanos, si no conseguimos que las empresas también lo hagan. Pero ¿es suficiente con que las grandes empresas respeten los derechos humanos? La evidencia nos dice que no. Involucrar y sensibilizar a las microempresas y las pymes sobre su papel en el respeto de los derechos humanos es fundamental: a nivel global, las pequeñas y medianas empresas representan más del 95% del total de empresas, el 52% del PIB mundial y dan empleo a entre el 60% y el 70% de la población, y en España representan el 99,98 % del tejido empresarial, el 63% del PIB y crean el 74% del empleo del país.

Las cifras son abrumadoras y evidencian que la capacidad de impacto de las microempresas y las pymes es incluso mayor que la que posee la gran empresa. Desde Naciones Unidas se impulsa desde 2011 el marco de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, que establece unas pautas que cualquier tipo de empresa puede llevar a cabo para integrar el respeto a los derechos humanos; la aprobación de una política de compromiso, un proceso de análisis de riesgos en las actividades de la compañía y el establecimiento de un mecanismo para reparar a potenciales víctimas de impactos.  Sin embargo, la implementación del marco entre las pymes a nivel internacional es insuficiente, según una encuesta de la OIT a 250 pymes en 32 países, el 37% conoce los Principios Rectores, mientras que el 63% no tiene constancia de la existencia del marco, además el 46% de las pymes afirma tener problemas para integrar el respeto a los derechos humanos por falta de recursos y el 36% debido a la falta de conocimiento de la temática.  Queda mucho trabajo por hacer y es imprescindible buscar alicientes para que las pymes empiecen a conocer y trabajar la temática.

Estos alicientes además son cada vez más evidentes; ya que respetar los derechos humanos puede permitir a la pequeña y mediana empresa estar preparada ante futuras políticas y legislaciones relacionadas con la sostenibilidad, tales como la futura Estrategia de Desarrollo Sostenible o las acciones que se deriven del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Este último documento fue aprobado en 2017 por el gobierno español y plantea algunas medidas para impulsar los derechos humanos entre las empresas, entre ellas la adopción de un sistema de incentivos que incluya tanto a grandes empresas como a pymes que realicen políticas y procedimientos adecuados en el ámbito de los derechos humanos. El acceso a un mayor número de subvenciones o contrataciones con la administración pública podría ser otro de los alicientes, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público ya incluye aspectos sociales como la integración de personas con discapacidad, la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo, la igualdad entre mujeres y hombres o la mejora de las condiciones laborales y salariales como criterios para adjudicar contratos. También existen oportunidades de negocio para la pyme como empresas proveedores de grandes entidades, ya que las empresas del IBEX 35 cada vez se preocupan más por temas sociales, como lo demuestra que el 80% del IBEX 35 ya toma acciones para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contenidos en la Agenda 2030. Por último, aquellas pymes con productos o servicios dirigidos directamente a los ciudadanos han de considerar que el 22% de los consumidores ya tiene en cuenta en sus compras siempre o casi siempre la sostenibilidad, y por tanto también su vertiente social.

Los avances son lentos pero constantes, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la iniciativa de la ONU para implementar el respeto empresarial a los derechos humanos cuenta con 9830 empresas comprometidas en todo el mundo, de las cuales 5308, el 53% son microempresas y pymes. Además, la Red Española del Pacto Mundial, primera red mundial en número de empresas adheridas cuenta con 2356, de las cuales el 74%, 1763 son microempresas y pymes.

Es hora de eliminar la creencia en el mundo empresarial de que respetar los derechos humanos consiste solo en no utilizar mano de obra infantil o no dañar a comunidades indígenas. Respetar los derechos humanos es también pagar un sueldo decente, es garantizar la igualdad laboral entre hombres y mujeres, es contar con sistemas de seguridad y salud en la empresa, es no discriminar en la contratación de personas, cuestiones sobre las que las microempresas y pymes influyen de forma decisiva. El 70ª aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos puede ser un momento de inflexión para avanzar al siguiente nivel el respeto empresarial sobre los derechos contenidos en la misma; y sin las microempresas y las pymes esta misión parece imposible.

Javier Molero, Experto en la Agenda 2030 y Derechos Humanos y Técnico de proyectos en la Red Española del Pacto Mundial.