Cada vez más, queda patente la necesidad de incluir medidas que favorezcan la consecución del ODS 5: igualdad de género, y, por tanto, la eliminación de barreras y formas de discriminación que afectan a las mujeres.  Y es que, la brecha de género existe en todas las sociedades y en todos los ámbitos, como el laboral, donde además de estar infrarrepresentadas en los puestos directivos (4,8% en 2018) y en los sindicatos laborales, las mujeres cobran aproximadamente un 20% menos que los hombres en todo el mundo y sufren discriminaciones relacionadas con el embarazo y la maternidad, entre otras. Igualmente, el acoso sexual y la violencia de género están presentes en todas las esferas de su vida y sufren una mayor vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos (alrededor del 21 % de las mujeres de 20 a 24 años de todo el mundo se casaron cuando eran niñas) y fundamentales (el 71 % del número estimado de personas que sufren alguna de las formas contemporáneas de esclavitud son mujeres).

Con este contexto, no es de extrañar que se examine la eficacia de las disposiciones que proscriben la discriminación en las constituciones y leyes. Esta labor es la que ha realizado el grupo de trabajo de Naciones Unidas en derechos humanos y las empresas mediante un análisis exhaustivo de la actual aplicación de los Principios Rectores en el sector privado. En él se ha llegado a la conclusión de que las empresas y estados no han prestado suficiente atención a la igualdad de género al cumplir sus respectivas obligaciones y responsabilidades derivadas de estos Principios. En concreto, muchas empresas solo se ocupan de las cuestiones de género como mero “ejercicio formal”, sin combatir verdaderamente las formas estructurales de desigualdad.

Para poner solución a esta situación, el grupo de trabajo ha desarrollado un informe en el que se presentan directrices sobre la manera de incorporar una perspectiva de género al poner en práctica estos Principios Rectores. De esta forma, se pretende, además de ejercer como guía para que Estados y empresas hagan una correcta aplicación de los mismos, crear conciencia y poner de relieve las buenas prácticas derivadas de la incorporación de esta perspectiva de género.

En su elaboración se han tenido en cuenta las normativas existentes en materia de género como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres, entre otras. Además, también se han valorado las conclusiones derivadas de los resultados de las consultas regionales realizadas por el Grupo de Trabajo y la información aportada por diferentes organizaciones empresariales, públicas e instituciones educativas.

El resultado de este trabajo ha sido la propuesta de un marco de género en tres etapas que se desarrolla en directrices de género específicas para cada uno de los 31 principios rectores. La primera etapa, evaluación reactiva de género, pretende examinar las políticas existentes en cuanto a su aplicación, impacto y eficacia desde la perspectiva tanto de los expertos en la materia como del colectivo afectado.  La segunda, medidas transformadoras de género, tiene la finalidad de adoptar medidas eficaces para lograr la igualdad real manteniendo la evaluación de las mismas y la comunicación con las partes interesadas. Por último, la tercera etapa, reparaciones transformadoras de género, ofrece soluciones preventivas, correctoras y disuasorias en colaboración con diferentes organismos y estados.

Finalmente, el informe también ofrece posibles vías de evolución para las directrices. En especial se destaca la utilidad de elaborar directrices específicas para los distintos tipos de empresas (Pymes, multinacionales, etc) y sectores.

Puedes consultar el informe completo aquí.