Los derechos humanos son fundamentales para construir un futuro sostenible y, de hecho, son uno de los pilares sobre los que se asienta la Agenda 2030, de cuyas 169 metas, 156 están incluidas dentro de los tratados internacionales de derechos humanos. Y esto es muy relevante, porque a pesar de que más de un 85% de las empresas españolas afirma estar trabajando en los ODS, la foto actual de implementación de evaluaciones y políticas en derechos humanos por parte de las empresas españolas no es positiva.

Así lo pone de manifiesto el último estudio de la Red Española del Pacto Mundial “Comunicando el Progreso 2020: una llamada a la acción sostenible y al reporte empresarial”. En él se señala que, pese a que son ya muchas las empresas del IBEX35 que disponen de una política específica de derechos humanos (71%), entre las empresas españolas adheridas al Pacto Mundial, este porcentaje cae hasta el 18%. Un dato que dista mucho de sus homólogas en otros bloques como la política de no discriminación, abordada por el 80% de las empresas, o la medioambiental, llevada a cabo por un 60% de las consultadas.

La brecha entre el trabajo en el bloque de derechos humanos y otras áreas de la sostenibilidad, y más concretamente el marco de los ODS, puede deberse en primera instancia a que, mientras que la Agenda 2030 ha calado en mayor medida entre el tejido empresarial español, no ha ocurrido lo mismo con los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de la ONU. Implementar los Principios Rectores debe ser un eje clave en la estrategia de ODS de cualquier empresa, ya que mitigar los riesgos e impactos que se detecten en materia de derechos humanos con todos los grupos de interés puede traducirse en contribuciones de gran magnitud a la Agenda 2030. 

Para ello es imprescindible llevar a cabo una correcta evaluación de los impactos dentro de su actividad. Este ejercicio ha mejorado notablemente entre las compañías del índice bursátil, pasando del 31% en 2019 al 51% en 2020. Sin embargo, por parte de las empresas españolas adheridas al Pacto Mundial esta cifra sigue siendo muy reducida, situándose en un 10% de media entre grandes y pymes. Y específicamente en el caso de las pequeñas y medianas empresas, sólo es promovido por el 4%. 

En este sentido, es preciso destacar que algunas entidades, especialmente las pymes, consideran erróneamente no verse afectadas por los riesgos relativos a esta materia debido a que operan principalmente a nivel nacional y a la existencia de normativas que velan por algunos derechos fundamentales. No obstante, la evaluación de impacto ha de ir más allá de la propia organización y también aplicarse a los proveedores, por los que las pymes han de tener especial atención tanto en lo que se refiere a la gestión de su cadena de suministro, como a la hora de postularse como proveedor de otras empresas.  En este aspecto, la evaluación de impacto a proveedores en el IBEX35 ha crecido un 14% hasta el 77%, y en el caso del conjunto de las empresas españolas adheridas al Pacto Mundial no sobrepasa el 17%.  

Aunque estos esfuerzos son un paso importante, la implantación de las acciones no será efectiva sin una adecuada formación a todos los empleados y empleadas. En este punto, se registran importantes mejoras tanto en las empresas del IBEX 35, que pasan del 43% al 54%, como entre las adheridas al Pacto Mundial (34%).

Por último, también mejora la puesta en marcha de canales o buzones de reclamación sobre derechos humanos. Según la consulta, el 29% de las empresas españolas adheridas al Pacto Mundial disponen de este tipo de herramientas, un 7% más que en el ejercicio anterior. Las empresas del IBEX35 elevan este porcentaje al 69% de los casos. 

En general, a pesar de las mejoras contempladas, el análisis realizado por la Red Española muestra que todavía queda mucho trabajo por hacer para poner en marcha una gestión óptima y un control eficiente de los derechos humanos en las empresas. Por ello debemos recordar que sin garantizar el respeto a los derechos humanos por parte del sector empresarial no podremos alcanzar un planeta y sociedades más inclusivas y sostenibles y sin duda este 2021, en el que se cumplen diez años de los Principios Rectores de Empresas y DD.HH., es el momento adecuado para impulsar su integración. ¡#StandUpForHumanRigths!

Consulta el informe completo aquí.

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