El Consejo de Ministros ha aprobado el 8 junio la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, una “oportunidad de cambiar nuestro país… de hacer realidad la Agenda 2030 y, con ella, el país que nuestra ciudadanía merece”, según Ione Belarra, Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Una estrategia con vocación de permanencia, que suscite el mayor consenso político y social posible, y que garantice la continuidad sobre la base de las transformaciones estructurales de nuestro modelo económico y social que es necesario emprender para que la Agenda 2030 sea una realidad no solo en España, sino también fuera de nuestras fronteras”, según reza el propio texto.

El documento presentado contiene dos partes: el Informe de Progreso 2021, en el que se rinden cuentas acerca del estado actual de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en nuestro país, y la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que se puede consultar a partir de la página 108 del mismo.

El Pacto Mundial de Naciones Unidas España ha colaborado activamente en el proceso. Por un lado, convocando una consulta empresarial de más de 1.900 empresas para elevar a la Estrategia las fortalezas, oportunidades y necesidades del sector empresarial. Proceso cuyos resultados y conclusiones han quedado integrados en esta publicación. Y por otro, como miembro del Consejo de Desarrollo Sostenible (órgano asesor en representación de la academia, el sector empresarial, los sindicatos, las organizaciones ecologistas, sociales, y de defensa de los derechos humanos ) y como miembro de la Comisión Permanente dentro de éste, que ha impulsado la redacción y revisión de la Estrategia.

Se trata de un documento amplio y reciente que implica a todos los niveles y sectores. Pero queremos adelantar algunas claves que pueden ser de interés para las empresas antes de que lo aborden en su totalidad.

La Estrategia se articula en 8 retos país: acabar con la pobreza y la desigualdad, hacer frente a la emergencia climática; cerrar la brecha de género y poner fin a la discriminación; superar las ineficiencias del sistema económico; poner fin a la precariedad laboral; revertir la crisis de los servicios públicos; poner fin a la injusticia global y a las amenazas a los derechos humanos y revitalizar el medio rural afrontando el reto demográfico. Asimismo, contempla la importancia de las aportaciones multiactor, de la coherencia de políticas públicas y finaliza con indicadores de seguimiento adaptados al país.

El papel del sector empresarial en concreto se enmarca en un apartado de contribuciones multiactor y multinivel, aportando datos de la consulta realizada por el Pacto Mundial de Naciones Unidas España y sentando cuatro compromisos a impulsar.

A lo largo de su texto, la Estrategia hace un diagnóstico pormenorizado de la situación del país en función de los ocho retos mencionados y se presentan prioridades de actuación que compilan políticas públicas de diferente rango y forma. Políticas recientemente introducidas y otras que se anuncian, muchas de las cuales afectan en diferente grado a las empresas, en función de su sector de actividad o de su naturaleza y tamaño. Asimismo, se incluyen las aportaciones y experiencias llevadas a la práctica desde las comunidades autónomas.

El papel del sector empresarial en la promoción e implementación de la Agenda 2030

Se reconoce el rol fundamental que tiene el sector empresarial en la generación de empleo de calidad, estable y con derechos, pero también, en la transición ecológica justa, en la transformación del modelo de consumo y producción hacia otro más sostenible, en el fortalecimiento e impulso de la innovación o en la promoción de la igualdad de género y la reducción de la brecha salarial”.

De manera concreta, se reconoce el papel clave de las pymes, tanto por su representatividad en el tejido productivo, como por su capacidad de incidencia y “presta especial atención a la potencialidad de las empresas medianas y pequeñas y a los autónomos y autónomas”.

Dentro de las consideraciones hacia el sector empresarial, se cita la importancia de alcanzar colaboraciones público-privadas; la capacidad de tracción de la administración pública a través de la contratación y reconoce que “las empresas de nuestro país están preparadas para pasar del compromiso a la acción, en la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de la alineación de sus actividades con marcos internacionales tales como los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático o los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos”.

Los cuatro compromisos a impulsar con el sector empresarial son:

  • Promover acciones de diálogo, debate e intercambio sobre el rol clave del sector empresarial en la implementación de la Agenda 2030 y el cumplimiento del marco internacional de los derechos humanos.
  • Impulsar acciones de formación y difusión sobre la Agenda 2030, con especial atención a la situación y necesidades de las pymes y de los autónomos y autónomas, para promover y fortalecer la incorporación de los principios de la Agenda 2030 en su actividad empresarial.
  • Potenciar las iniciativas internacionales basadas en la sostenibilidad empresarial a través de estructuras de articulación ya consolidadas en el marco de las Naciones Unidas.
  • Apoyar los esfuerzos para el establecimiento de indicadores cuantitativos y cualitativos relativos al ámbito empresarial, con el fin de evaluar su contribución a la consecución de la Agenda 2030.

Puedes consultar todo el apartado sobre empresas a partir de la página 329.

Otras consideraciones para empresas

Relacionando con el nuevo modelo económico y el empleo verde se adelanta como una prioridad de actuación la actualización de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre para adecuarla a la futura actualización de la directiva europea en materia de Información no Financiera y Diversidad.

No se olvida de mencionar la importancia de la financiación, reconociendo que “los ODS solo se lograrán a través de la movilización de recursos públicos y privados a gran escala” y avanza el “desarrollo de un Plan Nacional de Finanzas Sostenibles quejunto con la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la presente Estrategia de Desarrollo Sostenible pueden impulsar las finanzas sostenibles en el país de forma decisiva”.

Otro compromiso relevante para las empresas que queda recogido es el desarrollo una nueva Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas a través del Consejo Español de Responsabilidad Social Empresarial dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía.

Dentro de los sectores productivos, se mira con especial atención hacia la economía circular, destacando las potencialidades a favor del desarrollo sostenible del sector industrial (en cuanto a la cualificación, cotización y productividad de sus empleos, por ejemplo), del comercio exterior y del sector turístico. Sobre este último, destaca que “la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030, articulará la agenda nacional de turismo para afrontar los retos del sector en el medio y largo plazo, impulsando los tres pilares de la sostenibilidad (socioeconómica, medioambiental y territorial) con el objetivo de sentar las bases de la transformación del turismo español hacia un modelo de crecimiento sostenido y sostenible”.

Relacionado con el ODS 8, de trabajo decente y crecimiento económico, uno de los más relevantes para las empresas, específicamente se orienta su tratamiento hacia dos líneas: por un lado, paliando las carencias actuales y por otro, haciendo que sea una palanca al servicio de la transformación: “las Políticas Activas para el Empleo han de convertirse en un mecanismo básico para mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas trabajadoras y en una palanca de transformación ante los cambios disruptivos que ya se dejan sentir en nuestra sociedad, para orientarlos hacia la creación de empleo de calidad”.

Dentro de otras medidas transformadoras, se recoge la alineación de la contratación y de la compra pública: en base al ODS 12, citando medidas ya existentes y comprometiéndose a implicar “la profesionalización de los compradores públicos y de otros agentes intervinientes, la mejora de los datos e información disponibles sobre contratación pública, y la transformación digital de la contratación pública”. Todo ello con el fin de “movilizar esfuerzos hacia un desempeño más sostenible y social de las actividades económicas”.

Consulta el documento de la Estrategia completo aquí.


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