11 de marzo 2020 |

Medioambiente y clima

Los efectos de la crisis climática sobre los derechos humanos

El pasado mes de diciembre la Red Española organizó en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25) celebrada en Madrid, un encuentro entre expertos sobre Derechos Humanos y Cambio Climático. Su objetivo: poner de relieve los efectos del cambio climático sobre los derechos humanos y el importante papel que desempeñan las empresas en la consecución del ODS 13: Acción por el Clima.

El debate, moderado por Cristina Sánchez, directora ejecutiva de la Red Española del Pacto Mundial, contó con la participación de Dante Pesce, miembro del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas; Elisabeth Resch, Manager, Human Rights & Supply Chain Sustainability en UN Global Compact y Silvia Agulló, directora de Negocio Responsable y Reputación en DKV.

Dante Pesce fue el encargado de iniciar la conversación abordando los efectos de la crisis climática sobre los derechos de las personas. En concreto, Pesce recalcó que “el cambio climático pone en peligro el disfrute pleno del derecho a la vida, a la salud, al agua, a la vivienda y al desarrollo, entre otros.” Respecto a los colectivos que sufren más las consecuencias de esta crisis climática, Pesce resaltó cómo las repercusiones negativas del cambio climático afectan de manera desproporcionada a personas y comunidades que ya se encuentran en situación de desventaja debido, entre otros factores, a su ubicación geográfica, la pobreza, el género, la edad, la discapacidad, el origen étnico o cultural, y que históricamente son las que menos han contribuido a la emisión de gases de efecto invernadero.

Para asegurar los derechos de estos colectivos y de la sociedad en general, el papel del sector privado en la lucha contra el cambio climático es fundamental. Es por ello que durante la conversación se hizo alusión al compromiso de las empresas con el ODS 13, el segundo Objetivo más trabajado por las entidades adheridas al Pacto Mundial, y a la importante labor que están desempeñando en la lucha contra este fenómeno a través del impuso de acciones ambiciosas y la inversión de recursos financieros para alcanzar el nivel cero neto en carbono.

A este respecto se refirió Elisabeth Resch, Manager, Human Rights & Supply Chain Sustainability en UN Global Compact, que declaró que “en la actualidad hay muchas empresas que están realizando prácticas innovadoras para avanzar en la lucha contra el cambio climático, independientemente de lo afectadas que se encuentren por este fenómeno”.

Resch también aprovechó la ocasión para alabar el papel de las redes locales del Pacto Mundial en la guía y sensibilización a las empresas sobre la cambio climático y derechos humanos, especialmente en las pymes. En sus palabras: “muchas redes locales en todo el mundo, incluyendo la Red Española, están haciendo un gran trabajo en términos de sensibilización entre las muchas pymes que forman parte del Pacto Mundial a nivel global y local. Sin embargo, creo que especialmente en lo que se refiere a los derechos humanos, necesitamos facilitarles recursos más prácticos y adaptados a ellas.”

Por su parte, Silvia Agulló, directora de Negocio Responsable y Reputación en DKV, relató cómo desde su organización ya se están llevando a cabo acciones que contribuyan a la consecución de este Objetivo medioambiental y a garantizar el derecho a la salud, motivadas en parte, por la demanda de sus grupos de interés que incluyen inversores y sociedad en general. En este sentido, Agulló declaró que las iniciativas desarrolladas por las empresas deben responder a las expectativas de estos grupos, para fomentar una imagen coherente de la organización. Y es que, cada vez más, los inversores reclaman que las empresas posean un programa de gestión de riesgos relacionado con el clima a la vez que los consumidores demandan productos respetuosos con el medioambiente.

Por último, los participantes coincidieron en que la lucha contra el cambio climático debe ser asumida por todos los actores e impulsada por la Administración Pública, que debe favorecer la puesta en marcha de acciones eficaces mediante la inversión y las políticas necesarias para asegurar los derechos humanos.

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