Medioambiente
Tipo de empresa al que afecta
- Todos los agentes de la cadena alimentaria
Grupo de interés al que afecta
- Personas empleadas
- Cadena de suministro
- Consejo de administración
Ambito de la normativa
- Nacional
En proceso de desarrollo
Objetivo de la normativa
El proyecto de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario tiene el objetivo de prevenir y reducir las pérdidas y desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria mediante una gestión más eficiente de los recursos con la finalidad de lograr una producción y consumo más sostenible.
Resumen de obligaciones para empresas
La principal obligación será la de aplicar la jerarquía de prioridades que determinará el destino que los y las agentes deberán dar a los alimentos para evitar su desperdicio, igualmente se deberá llegar a acuerdos o convenios para donar sus excedentes de alimentos a empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.
Las industrias alimentarias tendrán la necesidad de disponer de un plan de aplicación para la prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario que contemple en su caso la donación.
Las empresas de restauración y hostelería u otros proveedores de servicios de alimentos, deberán facilitar a la persona consumidora que pueda llevarse, sin coste adicional, los alimentos que no haya consumido (salvo en los servicios de bufé libre o similares dónde no haya limitación de comida). Para ello deberán disponer de envases aptos para el uso alimentario, que sean reutilizables o fácilmente reciclables.
Las actividades de distribución deberán promover modelos de buenas prácticas para evitar y reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario como, por ejemplo, fomentando las líneas de venta de productos imperfectos o poco estéticos o la promoción del consumo de productos de temporada, de proximidad, ecológicos y los ambientalmente sostenibles, fomentar la venta de alimentos a granel e incorporar y mejorar la información sobre el aprovechamiento de los alimentos.
La ley apela a incentivar la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, de acuerdo a la jerarquía de prioridades de uso.