Buen gobierno y transparencia
Tipo de empresa al que afecta
- A empresas públicas o entidades privadas que gestionen funciones o fondos públicos
Grupo de interés al que afecta
- Órganos públicos
- Entidades con participación pública mayoritaria
- Administraciones públicas
Ambito de la normativa
- Nacional
Fecha de entrada en vigor
10 de diciembre de 2014
Objetivo de la normativa
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública,
regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y
establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos,
así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
Resumen de obligaciones para la empresa
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que, junto con las Administraciones Públicas, deben publicar activamente información relevante aquellas entidades “con participación pública, o que presten servicios o ejerzan funciones públicas”
Esto incluye:
- Información institucional y organizativa (estatutos, estructura, directivos).
- Datos económicos, presupuestarios y financieros (balances, subvenciones, contratos).
- Requisitos en contratación pública: estadísticas de PYMEs, plazos, procesos
La ciudadanía puede solicitarles información elaborada o gestionada en el marco de su actividad pública o servicios públicos, con respuestas en plazos determinados.
Las empresas sujetas deben seguir principios de transparencia y buen gobierno, y enfrentarse a potenciales sanciones por incumplimiento —un esquema de responsabilidad que originalmente se proyectaba solo sobre administraciones, pero que puede aplicarse a quienes gestionan fondos o servicios con financiación pública
Información adicional
Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como una autoridad administrativa independiente, cuya función principal es garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública establecidas en la ley.