5 de diciembre 2022 |

Derechos Humanos y sostenibilidad social

Sólo una de cada 10 empresas españolas mide los impactos de su actividad en los derechos humanos

Las empresas tienen un impacto mayúsculo sobre la vida de las personas y comunidades en las que operan. En ocasiones, éste es positivo, como con la creación de empleo o la inversión local, pero también existen ejemplos de vulneración de estos derechos. Es por ello por lo que cada vez se hace más necesario reivindicar la importancia de la gestión responsable de las empresas en esta materia, incluyendo tanto su impacto directo como el de sus cadenas de suministro.

En este sentido, con motivo del Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada año el 10 de diciembre en el marco de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, el Pacto Mundial de la ONU España ha querido visibilizar el trabajo de las empresas españolas en esta área en base a una consulta a 2.500 empresas de nuestro país.

Según sus resultados, únicamente el 26% de las empresas españolas dispone de una política de derechos humanos, un documento que sirve como base para incorporar la responsabilidad de respetar los DD.HH. en todas las funciones empresariales, así como detectar áreas de riesgo o necesidades de formación.

Desde el Pacto Mundial de la ONU España lo consideran como un instrumento imprescindible para estructurar el trabajo de la entidad en la materia y destacan sobre este dato que “las empresas no serán sostenibles si no incorporan en sus planes políticas y estrategias sobre derechos humanos. Es su deber no sólo respetarlos, sino también hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación. Y, para ello, también es necesario que realicen un análisis de sus impactos”. Sin embargo, la consulta pone de manifiesto que solo una de cada 10 empresas realiza la evaluación de impacto de la organización en estos derechos.

Algo mayor es el número de empresas que llevan a cabo evaluaciones a proveedores en la materia, con un 21%. Si bien es cierto que este último porcentaje aumenta hasta el 40% en el caso de las grandes empresas y en sectores concretos con un impacto destacado en este ámbito, como el de utilidades y energía (46%) y el de servicios financieros de banca y seguros (34%). Desde la iniciativa líder en sostenibilidad empresarial señalan que “se espera que la evaluación a proveedores en derechos humanos y la inclusión de cláusulas contractuales sobre la materia – que actualmente incluyen el 17% de las empresas españolas – registren un aumento considerable en los siguientes ejercicios a causa de la entrada en vigor de normativas sobre derechos humanos y debida diligencia en las actividades empresariales.”

Por otro lado, en referencia a los instrumentos con los que cuentan los grupos de interés para reportar infracciones en esta materia, cerca de un 40% de las empresas cuenta con un canal de denuncias accesible.

Las acciones de las empresas españolas inciden principalmente en los derechos de la mujer y del medioambiente

En cuanto a las medidas específicas que llevan a cabo las empresas españolas para respetar derechos humanos concretos, dentro del informe sobre la consulta empresarial encontramos:

  • Derechos de la mujer: el 63% de las empresas españolas cuentan con un plan de igualdad, un 16% más que en la consulta realizada en 2018.
  • Derecho a la no discriminación: un 41% de las entidades consultadas cuentan con una política de diversidad y no discriminación y un 37% de las empresas españolas apuesta por la Inclusión de personas con discapacidad dentro de la plantilla.
  • Derecho a la salud: un 44% lleva a cabo programas para promover la salud y bienestar dentro de la plantilla.
  • Derechos laborales: el 71% ha implementado medidas de conciliación laboral y flexibilidad horaria, una tendencia que va en aumento especialmente desde la pandemia de la COVID-19.

Según Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU España, “estas medidas ponen de relieve el impacto de las acciones de las empresas en materia de derechos humanos. Algunas de ellas son bastante alentadoras, pero animamos a las empresas a que formen parte de un plan estructurado en la materia para poder hacer frente a todos y cada uno de los impactos de su actividad”.

Consulta el informe completo aquí.

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