Medioambiente
Tipo de empresa al que afecta
- Empresas y otros comerciantes que realicen voluntariamente alegaciones medioambientales explícitas dirigidas a personas consumidoras en la UE, salvo las alegaciones sujetas a normas sectoriales específicas de la Unión.
- El tratamiento de las microempresas y pymes no está definitivamente establecido al no existir un texto final aprobado.
Grupo de interés al que afecta
- Cadena de suministro
- Consumidores
- Consejo de administración
- Departamentos de comunicación y marketing
Ambito de la normativa
- Europeo
* En proceso de desarrollo, no está aprobada ni es actualmente aplicable a las empresas.. La Comisión Europea presentó la propuesta en marzo de 2023. Parlamento y Consejo adoptaron sus respectivas posiciones en 2024 y las negociaciones interinstitucionales comenzaron en 2025. En junio de 2025, la Comisión anunció su intención de retirar la propuesta y el tercer trílogo fue cancelado. No obstante, la propuesta no ha sido formalmente retirada y continúa figurando como expediente pendiente.
Objetivo de la normativa
La propuesta de Directiva sobre alegaciones medioambientales busca garantizar que las afirmaciones ecológicas que las empresas comunican voluntariamente a las personas consumidoras sean fiables, comparables y verificables. Para ello, establece requisitos para justificar estas alegaciones con evidencias adecuadas y prevé su verificación por terceros independientes y acreditados antes de hacerse públicas, con el objetivo de proteger a las personas consumidoras frente al greenwashing.
Resumen de obligaciones para la empresa
Posición del Parlamento Europeo (marzo de 2024): plantea que las alegaciones, junto a las evidencias que las sustenten, sean examinadas en el plazo de treinta días. Los reclamos publicitarios y productos más sencillos podrían beneficiarse de una verificación más rápida y simple. Las empresas incumplidoras podrían quedar temporalmente excluidas de licitaciones de contratación pública, perder sus ingresos y afrontar multas de al menos el 4% de sus ingresos anuales.
Quedaría prohibida la publicidad basada en exclusiva en programas de compensación de las emisiones de carbono. Aun así, las empresas podrían mencionar sus programas de compensación y eliminación de emisiones de carbono en su publicidad si ya han reducido sus emisiones tanto como sea posible y utilizan estos programas únicamente para las emisiones residuales. Los programas relacionados con los créditos de carbono deben estar certificados y ser de gran integridad, como aquellos establecidos en el marco de la UE de certificación para absorciones de carbono.
La configuración final de estos requisitos, incluidas las excepciones, los procedimientos simplificados, los plazos y las sanciones, continúa pendiente del proceso legislativo.
Contiene compromisos públicos
La propuesta prevé que los Estados miembros establezcan procedimientos para verificar la justificación y comunicación de las alegaciones medioambientales explícitas antes de que se hagan públicas. La verificación sería realizada por terceros independientes y acreditados y podría dar lugar a un certificado de conformidad. Los procedimientos concretos, sus plazos y posibles excepciones dependerán del texto que finalmente se apruebe.
Información adicional
La Comisión Europea debe establecer, mediante un acto delegado, un sistema de verificación simplificado que permita a las empresas beneficiarse de un procedimiento simplificado en el caso de determinadas alegaciones medioambientales. También debe presentar un informe sobre el uso de alegaciones medioambientales en productos que contengan sustancias tóxicas, valorando la necesidad de limitar o prohibir el uso de alegaciones medioambientales explícitas sobre tales productos. Las alegaciones de compensación y reducción de emisiones relacionadas con el clima que se basen en créditos de carbono solo pueden utilizarse para las emisiones residuales de una empresa a través de créditos de carbono certificados.
¿En qué se diferencia de la Directiva (UE) 2024/825?
La Directiva (UE) 2024/825 ya está aprobada y establece nuevas normas frente al greenwashing. La Directiva Green Claims busca complementar este marco con requisitos más específicos para justificar y verificar las alegaciones medioambientales, pero todavía es una propuesta pendiente.