La inclusión del sector privado en la contribución de la Agenda de Naciones Unidas es reciente. En los últimos diez años multitud de empresas en la esfera internacional han pasado de tener un núcleo de negocio orientado exclusivamente a la competitividad económica a integrar a nivel interno cuestiones como el medioambiente, la lucha contra la corrupción y el respeto a los derechos humanos.

Consecuencia de este cambio respecto al rol a jugar por el sector privado, se ha puesto el foco en encontrar la forma de guiar el comportamiento de las empresas para que éstas actúen de forma sostenible y responsable. Distintas organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la OCDE o la Unión Europea han elaborado diferentes marcos para lograr este reto, a través de recomendaciones, directrices y principios que han servido de guía al sector empresarial.

Entre las iniciativas que han ganado mayores adeptos para guiar las actuaciones del sector privado en materia económica, social y medioambiental, se encuentran los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Ambas iniciativas lanzadas por Naciones Unidas difieren en cuanto a su temática, pero se entrelazan para construir un modelo coherente e inclusivo que pretende guiar las actuaciones del sector privado en relación al respeto de los derechos humanos y a su contribución al desarrollo sostenible, respectivamente.

La conexión entre los dos marcos de Naciones Unidas para la acción en sostenibilidad empresarial

Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos parten de la premisa de que todas las empresas deben respetar todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente y, para intentar cumplir este reto, otorga roles diferentes a empresas y estados. Las empresas deben poner acciones en marcha para integrar los derechos humanos en su modelo de negocio y respetarlos. Los Estados, por su parte, deben velar por que las empresas que operen en su jurisdicción respeten los derechos humanos. Ambos actores deben poner a disposición de las víctimas mecanismos que reparen los impactos negativos sobre los derechos humanos consecuencia de las actuaciones del sector privado. 

Por su parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible crean un marco compuesto por 17 Objetivos y 169 metas, mediante las cuales, estados, sociedad civil y empresas pueden guiar y medir sus contribuciones al desarrollo sostenible. Además, iguala dichas contribuciones independientemente del actor que las realice, lo que posibilita que las empresas jueguen por primera vez un rol protagonista en la consecución del desarrollo sostenible.

Las empresas deben así actuar bajo los dos marcos como referencia para guiar sus modelos de negocio; por un lado, integrando el respeto a los derechos humanos a nivel interno, evitando los impactos negativos en sus actividades y operaciones y, por otro lado, impactando positivamente en la sociedad, a través de acciones que contribuyan al desarrollo sostenible y aporten valor añadido.

Para ello, las empresas deben seguir las directrices que ambos marcos establecen. Los Principios Rectores recomiendan un proceso de tres pasos: crear de una Política de Compromiso con los Derechos Humanos, que sirva de base al proceso de integración del marco; identificar, mitigar y prevenir sus potenciales impactos sobre los derechos humanos; y en tercer lugar establecer mecanismos de reclamación a nivel operacional, para dar solución a los impactos ya generados y reparar a las víctimas. 

Por su parte, para la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de las empresas, éstas deben identificar qué Objetivos están relacionados con su núcleo de negocio, establecer metas respecto a ellos y fijar compromisos públicos, integrarlos en su estrategia de sostenibilidad y finalmente, reportar sobre el trabajo realizado. Para facilitar esta labor, Global Compact, GRI y el WBCSD han elaborado el SDG Compass, una guía que ayuda a las empresas a contribuir a la nueva agenda global. La implantación de ambos sistemas es clave para que una empresa reduzca sus impactos negativos sobre los derechos humanos, al mismo tiempo que impulsa impactos positivos sobre la Agenda 2030. Los dos procesos son compatibles y complementarios y pueden realizarse de forma conjunta.

Recomendaciones para implementar los Principios Rectores en clave ODS

Nuestra publicación “Empresas y derechos humanos: acciones y casos de éxito en el marco de la Agenda 2030.” recoge una serie de recomendaciones para implementar los Principios Rectores sobre Empresas y derechos humanos al tiempo que contribuimos a la Agenda 2030. A continuación, señalamos algunas de ellas:

• La identificación, prevención y mitigación de riesgos en derechos humanos puede ser un eje central en la estrategia de contribución a la Agenda 2030 de una empresa, particularmente respecto a su dimensión más social.
• Al realizar un análisis de impacto sobre los 17 ODS y sus 169 metas para identificar áreas de contribución a la Agenda 2030, se han de contemplar siempre los posibles impactos negativos que la empresa pueda tener en materia de derechos humanos.
• Para alcanzar una cultura corporativa ligada a la Agenda 2030 y a los derechos humanos, todas las actividades y operaciones de la empresa han de considerar en su fase de diseño y ejecución las contribuciones a los ODS y el respeto a los derechos humanos.
• A largo plazo, es recomendable que los ODS y los derechos humanos formen parte de todo el sistema de objetivos financieros, estratégicos y operativos de la compañía, incluyendo criterios de sostenibilidad en las revisiones de desempeño y en los sistemas de remuneración.

Si quieres saber más sobre el vínculo entre los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, puedes descargar nuestra publicación aquí.

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